El Ejecutivo federal y el Congreso pueden impugnar la suspensión ante una de las Salas de la Corte, pero el trámite de ese recurso tomará varias semanas.

El “Plan B” tiene un problema de origen, que probablemente llevará al Pleno de la Corte a invalidar por completo la reforma sin tener que pronunciarse sobre su contenido.

Dicho inconveniente es la prisa con la que fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde el Pleno votó una iniciativa del Ejecutivo federal el mismo día que fue presentada, lo que es contrario a múltiples precedentes de la Corte sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un procedimiento legislativo, máxime tratándose de una reforma de fondo al sistema electoral.

Si el Pleno de la Corte no reúne los ocho votos para invalidar, entonces se analizaría el contenido de la reforma, para determinar si la supresión de unidades y secretarias del INE, y muchos otros cambios al sistema de impugnaciones y reglas de los partidos políticos, pone en peligro la calidad de los procesos democráticos.

Si bien el proceso electoral de 2024 inicia en septiembre de 2023, la Corte no está obligada a resolver la controversia 90 días antes, pues este limite temporal solo aplica para la publicación de nuevas leyes