Chihuahua. – Abelardo Valenzuela, fiscal Anticorrupción expuso que el proceso por la acusación de desviar a un despacho externo 98.6 millones de pesos contra el exsecretario de Hacienda, Arturo F. V., quien está prófugo de la justicia, es uno de varios asuntos que son investigados. Mencionó que por ahora los demás casos están en la etapa de integración.
El exfuncionario de la administración de Javier Corral ha sido mencionado en los casos contra el exsecreatario de Salud, Eduardo F., acusado de haber contratado un crédito de manera indebida en la pasada administración, así como el del excoordinador de Comunicación Social, Antonio P., a quien Arturo F. V. habría autorizado una liquidación injustificada.
Valenzuela expuso que en su momento podrán informar de los casos que lleva la instancia investigadora, pero que adelantar más datos podría comprometer lo realizado.
El exsecretario de Salud, Eduardo F., recibió el beneficio del criterio de oportunidad por lo que estará aportando información para casos que están en investigación en la Fiscalía Anticorrupción. Según comentó el titular de la instancia estatal, Abelardo Valenzuela, desde hace una semana el exfuncionario ha estado colaborando con otros casos, pero destacó que la información que aporte debe ser oportuna y comprobable, ya que de lo contrario, el proceso en su contra seguirá su curso, ya que por ahora está suspendido.
El 15 de mayo de 2023, Eduardo F., exsecretario de Salud Estatal en la pasada administración, fue presentado ante un juez por estar acusado de haber solicitado un crédito de 401 millones de pesos sin la aprobación del Congreso del Estado para el Ichisal en marzo de 2021, el cual habría sido avalado por el entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo F. V., quien está prófugo.
El costo financiero de este crédito para el Gobierno del Estado fue de 24 millones de pesos en intereses a favor del banco que realizó el préstamo. El proceso penal en su contra está bajo la causa 1641/2023 por uso indebido de atribuciones y facultades, por la cual recibió medidas cautelares que le permiten estar en libertad.
En el caso de Antonio P., Arturo F. fue señalado como quien autorizó el pago de una liquidación al excoordinador en 2018, luego de que dejó el cargo en el gabinete estatal, la cual ascendió a 160 mil pesos, los cuales acordó pagar en parcialidades