El Gobierno Municipal presumió y “supervisó” el gimnasio de Salvárcar; 32 días después colapsó parte de la obra de 8.6 millones de pesos. Ahora pretenden que el viento cargue con las explicaciones.

Ciudad Juárez.– Para tomarse la foto, la obra era de Cruz Pérez Cuéllar. Para explicar el derrumbe, de pronto resultó ser únicamente responsabilidad de la constructora.

El pasado 30 de junio, el alcalde interino Héctor Ortiz Orpinel y el director de Obras Públicas, Daniel González García, acudieron personalmente a “supervisar” la construcción del gimnasio municipal en el Deportivo Salvárcar.

Ahí presumieron un avance del 55 por ciento, una inversión de 8 millones 596 mil 133 pesos y hasta destacaron que el proyecto representaba la continuidad del “empuje” iniciado por Pérez Cuéllar.

Treinta y dos días después, parte del muro terminó en el suelo.

Vecinos señalaron posibles deficiencias en la construcción y denunciaron la aparente falta de refuerzos suficientes. El derrumbe, afortunadamente, no dejó personas lesionadas, pero pudo convertirse en una tragedia para las familias, niñas y niños que utilizan ese espacio.

La respuesta del Gobierno Municipal fue de manual: rebautizó el derrumbe como un “incidente en la estructura metálica”, recordó que la obra todavía no había sido entregada y trasladó la responsabilidad técnica y contractual a la empresa constructora.

También anunció la elaboración de un dictamen técnico y la aplicación de garantías en caso de detectarse irregularidades.

Pero una obra pública no deja de ser responsabilidad del Gobierno porque todavía no haya sido inaugurada.

La empresa construye, sí; pero el Municipio contrata, paga, revisa estimaciones y supervisa. Si existieron fallas, debe explicar quién autorizó los trabajos, quién firmó las bitácoras y qué revisaron realmente los funcionarios cuando acudieron a presumir el avance.

Mientras el Gobierno federal vende el “segundo piso de la transformación”, en Ciudad Juárez ni los muros de la primera etapa logran mantenerse en pie. La Federación no contrató directamente esta obra, pero tampoco puede apropiarse políticamente de todos los logros de sus gobiernos morenistas y deslindarse cuando aparecen los fracasos.

Si cuando avanzaba era una obra impulsada por Cruz Pérez Cuéllar, cuando se derrumba también debe asumirse la responsabilidad política.

El Municipio debe publicar el contrato completo, el nombre de la empresa constructora, la identidad del responsable de obra, las bitácoras de supervisión y un dictamen estructural independiente.

Además, toda la construcción debe ser revisada antes de permitir que una sola familia vuelva a utilizarla.

Porque gobernar no es supervisar con fotografías. Y una obra pública no se convierte mágicamente en un problema privado cuando termina entre los escombros.

Juárez merece obras que se sostengan, no comunicados que se desmoronen junto con ellas.