Ciudad Juárez. – Mientras el caso de los dos agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua genera titulares, renuncias y especulaciones sobre soberanía e intromisión extranjera, un nombre incómodo permanece en la penumbra: Guillermo Arturo Zuany Portillo. Exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), actual Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas y responsable de la investigación del narcolaboratorio en Morelos donde murió Pedro Román Oseguera Cervantes. Su figura no es un actor secundario; es un nudo central que pocos quieren desatar.

Zuany no es un recién llegado. Dirigió la AEI en un periodo marcado por señalamientos graves y recurrentes: extorsiones a yonqueros y dueños de Oxxos, cuotas en robos de autos, arreglos con funerarias, “negocios” con polleros y tenderos, y la práctica de revisar órdenes de aprehensión de alto impacto para decidir cuáles “valían” ejecutar y cuáles no. Un “Organigrama Corporativo Zuany y Asociados”, como lo describían elementos molestos dentro de la corporación. Nada de eso generó sanciones reales. Al contrario, ascendió.

La carta póstuma del comandante Carlos Aarón Beltrán Pérez, asesinado en Ciudad Cuauhtémoc, es especialmente incómoda. Tras 16 años en la ministerial, señaló directamente a Zuany, Oseguera y otros mandos por corrupción, desinterés, omisiones graves y posibles filtraciones a “La Línea”. Lo dejó desarmado pese a amenazas. La autoridad desmintió la carta sin desmontarla con evidencia. Hoy, con Zuany bajo la lupa por el caso CIA, esa advertencia ignorada adquiere peso de profecía.

Y su cancelación de la Visa

La cancelación de su visa estadounidense no fue un simple trámite burocrático. Fue un mensaje. Un funcionario clave en antisecuestros, extorsiones y delitos de alto impacto —con acceso a inteligencia y plataformas binacionales— pierde la posibilidad de pisar territorio norteamericano. La Presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que pronunciarse al respecto en la conferencia mañanera. Las versiones que circulan hablan de presuntos vínculos, tratos y presiones con agencias estadounidenses. Zuany mismo ha minimizado el asunto prometiendo restitución pronta. Mientras tanto, se reporta que ha acudido a rendir explicaciones al norte.

Que un fiscal con ese perfil mantenga control operativo —incluso después de formalmente cambiar de área— y que su fiscalía siga manejando casos sensibles como el narcolaboratorio ligado a Oseguera, genera preguntas legítimas sobre continuidad de estructuras y responsabilidades. La renuncia de Jáuregui no resuelve el problema si los mismos perfiles y prácticas permanecen.

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Lo más grave no es un solo nombre, sino el patrón. Denuncias ante derechos humanos, expedientes endebles, detenciones mediáticas que se derrumban en tribunales (como el “marranero de El Sauz”), secuestros que no bajan y un silencio institucional ensordecedor. La Fiscalía General del Estado ha optado por tapar la mala imagen de Zuany, con la cínica renuncia de Jáuregui, sin tocar las estructuras que lo permitieron y promovieron. Es el clásico mecanismo: sacrificar visibilidad para proteger el andamiaje.

Chihuahua lleva años normalizando un modelo donde la lealtad y los resultados mediáticos pesan más que la integridad institucional. Policías expuestos, como Beltrán Pérez, terminan muertos o desmoralizados. Ciudadanos ven impunidad. Y cuando algo estalla —como el caso CIA—, la respuesta es parcial: se habla de soberanía, pero no de la penetración criminal interna que supuestamente justificó “protegerse” con agentes extranjeros.

Zuany representa ese “olvidado” conveniente. No porque sea inocente o culpable de todo —eso debe determinarlo una investigación seria, algo que brilla por su ausencia—, sino porque su permanencia sin sanción visible evidencia fallas sistémicas: falta de control político, rotación de sillas que no cambia prácticas, y una cultura donde el escándalo se maneja con comunicados en vez de consecuencias.

La pregunta incómoda que pocos formulan es: ¿cuántos más operan bajo la misma lógica y siguen ahí? Mientras no haya transparencia real sobre el caso CIA, el rol de Zuany en la entrada de agentes estadounidenses, los motivos de la visa cancelada y los señalamientos acumulados durante su paso por la AEI, el “antes y después” será solo retórica.

La seguridad no se arregla con renuncias teatrales ni con focos en un solo muerto. Se arregla rompiendo los círculos de impunidad que permiten que perfiles cuestionados sigan manejando Operaciones Estratégicas. Hasta ahora, Chihuahua prefiere el silencio. El costo lo pagan los ciudadanos y los policías honestos que aún quedan.

Y ese es el verdadero fondo del asunto: la ausencia de sanción.

En cualquier sistema funcional, un cúmulo de acusaciones de este calibre habría derivado en investigaciones exhaustivas, separación del cargo o, al menos, rendición de cuentas pública. Aquí no. Aquí el silencio institucional ha sido la constante.

Mientras tanto, la crisis de seguridad avanza. El secuestro se expande, la extorsión se normaliza y la confianza pública se erosiona. Y en medio de ese escenario, la Fiscalía que debería contener el problema aparece señalada de formar parte de él.

La renuncia de Jáuregui puede interpretarse como un movimiento político, una salida estratégica o un intento de contención. Pero si el análisis se queda ahí, se pierde lo esencial: el problema no es un nombre, es la estructura que permite que perfiles como Zuany operen sin contrapesos.

Porque al final, el caso Chihuahua no trata solo de una presunta incursión extranjera ni de un accidente trágico. Trata de algo más profundo: un sistema que ha tolerado, normalizado y, en algunos casos, protegido prácticas que hoy lo tienen bajo sospecha.

🪦 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗲 𝘀𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗲 𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗼́ 𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝗺𝗯𝗮

La pretensión de cargar sobre los hombros de Pedro Oseguera (DEP) la responsabilidad exclusiva de la intrusión de agentes de la CIA en territorio mexicano es tan burda como insultante. Pretender que un solo funcionario del gobierno chihuahuense —y casualmente fallecido— era el único que sabía que agentes estadounidenses realizaban funciones operativas en suelo nacional, roza el insulto a la inteligencia de los mexicanos.

Esta estrategia no solo es pésima, sino que revela un cinismo y una bajeza moral preocupantes: atribuirle responsabilidad penal a un muerto para cerrar el expediente. La componenda es tan evidente que resulta inverosímil. Ni la propia Fiscalía General de la República (FGR) se la tragó.

Por eso, los encargados de la indagatoria federal por posibles hechos de traición a la patria han citado a declarar a más de 50 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y su Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua. No se trata de una formalidad. La autoridad federal busca escarbar hasta el fondo del asunto, y todos los caminos apuntan hacia un mismo nombre: Arturo Zuany Portillo.

El intento de usar a un difunto como chivo expiatorio no solo es inmoral, es un claro indicador de que algo mucho más grande y grave se pretende ocultar. Cuando un gobierno recurre a tácticas tan bajas, es porque la verdad amenaza con dejar al descubierto complicidades que van mucho más arriba.

Chihuahua y México merecen claridad. La soberanía nacional no es un tema para componendas ni para cortinas de humo. La FGR tiene ahora la oportunidad —y la obligación— de llegar hasta las últimas consecuencias. Porque si algo queda claro es que este caso no murió con Oseguera: apenas comienza a destaparse.